«Vosotras, hijas de puta, hemos venido a follaros, a
vuestras madres y a vosotras, putas. Árabes, feas, vamos a
quemaros vivas, perras».
Mensaje escrito por miembros de las IDF
israelíes en un refugio de mujeres en Gaza.
Muchas formas de violencia contra las mujeres además de la sexual encuentran en los conflictos armados el espacio por antonomasia donde ejercerse con intensidad e impunidad. Veamos algunos datos: según ONU Mujeres, el 70% de las mujeres en contextos humanitarios sufren violencia de género –es decir, la que se ejerce por parte de la pareja o expareja–, en comparación con el 35% a nivel mundial. En zonas afectadas por conflictos, las tasas de matrimonio infantil son 4 puntos porcentuales más altas. La violencia reproductiva –la que ataca la capacidad de gestar y también de criar con salud y garantías– también se multiplica: cada día, 500 mujeres y niñas en países afectados por conflictos mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto debido a la falta de acceso a atención médica, o a medios anticonceptivos. En eso, una vez más, el genocidio israelí en Palestina pulveriza todas las estadísticas: la ocupación, apartheid y asedio medieval al que Israel ha sometido a la Franja de Gaza ha disparado la tasa de mujeres asesinadas en conflicto. De octubre de 2023 a enero de 2025, se estima, según Naciones Unidas, que más de 28.000 mujeres y niñas han sido asesinadas en Gaza, además de los cientos de miles de desplazadas y de las que sobreviven castigadas por el hambre como arma de guerra. La violencia política contra las mujeres o la violencia económica –privarlas de autonomía económica, de recursos financieros o materiales, la guerra económica en forma de sanciones o bloqueos, por ejemplo– se exacerban en tiempo de conflicto y se perpetúan en posguerra. Aquí no cabe pensar solo en guerras clásicas: pensemos en los femicidios de Ciudad Juárez, esos que tan brillantemente analizó Rita Segato, que también entrarían en esa categoría de violencias patriarcales en zonas de conflicto, pues se cebaron con las maquiladoras, con las más vulnerables, en el contexto del crimen organizado de esta ciudad fronteriza marcada por el narco y la militarización. Esas formas, digamos, no convencionales de guerra también se consideran conflictos armados porque generan dinámicas de violencia sistemática, control territorial y desestabilización social comparables a las guerras tradicionales, aunque no haya estados enfrentados directamente. Los conflictos por recursos en la Amazonia se llevaron por delante la vida de Berta Cáceres asesinada de un tiro mientras dormía, en castigo a su activismo indígena, feminista y medioambiental, en lo que bien podría considerarse una guerra que se libra en Honduras y en la que Cáceres militaba por la vida.
Aquí habría que hacer un necesario paréntesis feminista y preguntarnos juntas, no obstante, si lamentar esta violencia patriarcal en los contextos armados es la aproximación emancipadora y transformadora que necesitamos. Es decir, ¿es suficiente con exponer el hecho de que en las guerras se viola masivamente a las mujeres? ¿Se pone el foco en las causas y en las consecuencias de esta violencia en los contextos en los que se produce? ¿Son todos los contextos iguales? Es más, cabría preguntarnos si es políticamente útil que se arrincone a las mujeres a ese papel de potenciales víctimas de una violencia «inevitable», casi un daño colateral a la violencia en el frente. Ello, por supuesto, no implica negar o aligerar ese reconocimiento de víctimas de la violencia sexual, que es una condición fundamental para exigir la reparación y la justicia al daño sufrido, sino al contrario, sacar a la luz los victimarios y las estructuras de impunidad de esas violencias en la guerra y dejar de tratarla como un hecho abstracto o cuyos perpetradores y responsables últimos no pueden ser enjuiciados.
Así que, volviendo a la pregunta principal, no. No necesitamos más reportajes recurrentes en «días señalados» del calendario para recordarnos que en la guerra se viola a mujeres, se explota a mujeres, se trafica con niñas, se «desaparece» a activistas, se roban y secuestran bebés. Este abordaje en el que las mujeres víctimas de la violencia de guerra son solo estadísticas que constatan el horror de los conflictos armados es limitante e insuficiente. Es más, a menudo, pareciera que esta aproximación es la única forma en la que las instituciones y las estructuras humanitarias justifican su supuesta «perspectiva de género» en las intervenciones en conflicto. Se limitan a exponer la violencia sexual o de género o a paliar sus efectos una vez se ha ejercido, a convertirla en programas de asistencia o datos para un informe, un renglón de la memoria de actividades de muchas de las grandes ONG, encapsulados como un problema aparte y no como un hecho troncal del patriarcado de guerra.
Por ello –y aunque insistamos en que la violencia sexual es la más visible y estudiada de las violencias patriarcales en conflicto, pero solo es una de ellas– vamos a detenernos en esa idea: la de la violación como arma de guerra más allá de la obviedad de su existencia. En primer lugar, si bien es un fenómeno intrínseco a casi toda guerra, no es homogéneo ni sucede en las mismas proporciones en todos los conflictos. Hay ejércitos y milicias que violan como parte de su estrategia de terror (pensemos, por ejemplo, en Daesh y el secuestro de mujeres yazidíes para la esclavitud sexual y los embarazos forzados), y algunos que no lo hacen, o incluso, lo castigan entre sus filas. El propio Gerry Adams reconoció que el IRA realizaba «juicios paralelos» a los agresores sexuales que acababan a menudo en fusilamientos o exilio. Por lo tanto, la violación es un arma de guerra, pero no siempre responde a una estrategia militar orquestada. DeLargy habla de un «oportunismo de guerra» en el que los soldados cometen agresiones sexuales aprovechando la coyuntura, bien por su cuenta, o bien en grupo. Otras veces es una estrategia militar orquestada: como Queipo de Llano, o como el propio estado –violador– de Israel.
Otra cuestión esencial es entender la dificultad para establecer cifras reales sobre el fenómeno, pues es una violencia extremadamente compleja de reportar. No hay cadáveres, ni heridos en combate registrados en los hospitales, ni atestados policiales, ni las víctimas quieren a menudo ser el testimonio público de la violencia sufrida. Menos aún existen estructuras de reparación y acompañamiento, y el enjuiciamiento es un proceso complejo y limitado. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado en 1998 incluye explícitamente la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable como crímenes de lesa humanidad en su artículo, y como crímenes de guerra en su artículo 8, siempre que formen parte de un ataque generalizado o sistemático. De hecho, ya antes, el TPIR creado en 1994 tras la guerra de Ruanda, por ejemplo, estableció que las violaciones masivas de mujeres tutsis, estimadas en 250.000 a 500.000, fueron un componente del genocidio, con la intención de destruir al grupo tutsi mediante daño físico, mental y transmisión deliberada de VIH/SIDA a la población. Pero hay limitaciones evidentes en estos tribunales. La falta de recursos, las restricciones de los hechos a enjuiciar, las presiones políticas, la llamada «justicia de vencedores», y la falta de confidencialidad y seguridad de las denunciantes lastran esa justicia que llega tarde e insuficiente.
Hoy, si miramos a Palestina en un contexto en que el orden internacional basado en reglas ha sido dinamitado por sus propios arquitectos para caer en la «era de la fuerza bruta», como la llama Olga Rodríguez, se constatan todas estas limitaciones a la hora de ver –ojalá– a los altos mandos de Israel sentados frente a la Corte Penal Internacional. Incluso aunque a diferencia de los tribunales de Yugoslavia o Ruanda, ahora las evidencias sean mucho más patentes, pues la brutalidad con que algunos de los perpetradores han llegado a documentar ellos mismos las agresiones con sus smartphones, o las filtraciones de cámaras de seguridad, pueden ser pruebas incriminatorias con las que no se contaba en los noventa, donde solo quedaron las experiencias, las propias y las cercanas –tu amiga, tu vecina, tu madre–, borradas a menudo por la vergüenza, o el miedo, por haber puesto tierra de por medio, o por las ganas de olvidar.
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Las historias de trauma y violencia en los conflictos armados son historias de vida cotidiana: de llevar condones en el bolso para ir a la calle, saber a qué puerta llamar para abortar, camelarse a un soldado de confianza para no tener que acostarse con decenas. Pero también, por supuesto, existen historias de resistencia y de justicia y reparación en los mismos contextos de conflicto que produjeron esa violencia. Hay relatos orales, recopilados por historiadoras como Martha Ackelsberg, que indican que las milicianas anarquistas en la Guerra Civil Española en Barcelona o Zaragoza aplicaron la justicia revolucionaria, ejecutando sumariamente a hombres acusados de violaciones o abusos contra mujeres civiles o compañeras. También existen testimonios de que durante los enfrentamientos en la Casa de Campo, en Madrid, algunas milicianas participaron en tribunales populares improvisados que condenaban a muerte a prisioneros franquistas acusados de violaciones en pueblos ocupados. Otro ejemplo similar es el de aquellas mujeres que se unieron a la guerrilla en Colombia y participaron en acciones armadas contra perpetradores de violencia sexual como forma también de protección comunitaria. Y sin llegar a estas estrategias, ya en la posguerra y mucho tiempo después, hay quienes han apostado por el litigo estratégico y la movilización social. En Corea del Sur, las manifestaciones para reclamar justicia para las confort wives que sufrieron la violencia sexual de los soldados japoneses antes y durante la Segunda Guerra Mundial continúan celebrándose puntualmente en el país y movilizan a millones de personas, llegando a ser convocatorias históricas en número de asistentes. En Guatemala, once mujeres presentaron en 2011 una denuncia penal por haber sido sometidas a violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica por parte de soldados del ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno en el país que se extendió casi toda la segunda mitad del siglo xx, y consiguieron la condena de dos exmilitares, marcando la primera condena mundial por esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad en un tribunal nacional.
- Este texto pertenece a un pequeño fragmento del capítulo 4 del libro ‘Esto no es una guerra‘ de Isabel Serra e Irene Zugasti.