La Ley de Prensa e Imprenta promulgada en 1966 había suprimido la obligatoriedad de la censura previa a la que, desde 1938, habían debido someterse todos los libros en España antes de su publicación o importación. Sin embargo, para asegurarse el mantenimiento del control sobre la edición de libros, la ley preveía, tras enunciar medidas muy restrictivas de la crítica a la religión, el honor, las costumbres, la moral, las instituciones y cargos políticos…, el mecanismo de la consulta voluntaria. Por esta censura de facto podían pasar autores y editores antes de arriesgarse a la prohibición del libro una vez editado e impreso. Sigue leyendo
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