Carlos Sánchez Mato
El exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro ha sido imputado por la Audiencia Nacional en una causa en la que se detalla, según el juez instructor, “uso instrumental de las instituciones del Estado para favorecer intereses privados” vinculados al despacho Equipo Económico, empresa fundada por el propio Montoro en 2006 y del que fue socio hasta 2008.
Se trata de delitos gravísimos como tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y malversación y si algo muestra la dimensión de la trama corrupta es que hay otras 27 personas que han sido encausadas como parte de una red cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico a través de la aprobación de reformas fiscales favorables o las mordidas presuntamente cobradas de quienes se beneficiaban de las modificaciones normativas. Y es que la consultora de Montoro y sus colegas ha tenido en su cartera de clientes hasta 130 empresas y entidades que entre 2008 y 2019 pagaron a este despacho importes totales superiores a los 6.000 euros y los cuatro socios se repartieron 23 millones de euros en diez años.
Esto es solo lo que hasta el momento actual ha sido investigado. Solo algunos malpensados podrían suponer que respondían también a corrupción otras actuaciones como la aprobación de la amnistía fiscal, que perdonó la prisión y cientos de millones en multas a 29.065 personas y 618 sociedades afloraron un patrimonio oculto en guaridas fiscales de casi 40.000 millones.
Y es que Cristóbal de Montoro es historia. Pero de la negra de nuestro país.
Porque no solo porque impulsó una amnistía fiscal que hasta el Tribunal Constitucional declaró nula y que afectó a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y alteró sustancialmente el reparto de la carga tributaria de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Es que también fue el protagonista de la financiación de las políticas públicas durante 15 años. Y no puede presumir precisamente de resultados exitosos en su participación en la elaboración de cuatro Presupuestos como secretario de Estado del primer ejecutivo de José María Aznar y otros once como ministro, con José María Aznar entre 2000 y 2004; y con Mariano Rajoy, desde 2011. Porque en los 3.800 días en Alcalá 5 sus resultados fueron bastante pobres. Quien presumió de su papel como máximo paladín y defensor de la estabilidad presupuestaria liquidó los presupuestos de los que fue responsable con más de 403 mil millones de euros de déficit y un incremento de deuda superior a los 415 mil millones de euros.
Precisamente ese papel de implacable defensor de las políticas ortodoxas en favor de las élites le situó en la vanguardia de las políticas de la derecha para atacar sin piedad a los ayuntamientos gobernados por fuerzas de izquierda que demostraron hasta 2017 su capacidad de hacer compatible los incrementos del gasto público, especialmente el social y las inversiones, con elevados superávit y reducción de la deuda.
El caso más paradigmático lo vivimos en el Ayuntamiento de Madrid en el que no solamente sufrimos hostilidad, sino que experimentamos las más elevadas dosis de arbitrariedad del ex ministro de Hacienda. No fue casual. Su actuación, claramente anclada en motivos puramente ideológicos, tenía todo el sentido del mundo por el efecto perverso que para sus intereses tenía la gestión que a partir de 2015 se realizó en corporaciones locales gobernados por grupos de signo político diferente y opuesto a quienes habían arruinado a la mayoría social.
El cambio que realizamos en Madrid entre 2015 y 2017 permitió imprimir un giro en la política presupuestaria de la ciudad, de manera que todos los recursos posibles se destinaran a inversiones y gasto social para afrontar las verdaderas necesidades de los vecinos y vecinas de Madrid. Y generó mucho nerviosismo en el Partido Popular. Porque eso supone trabajar para las grandes desigualdades entre distritos y eso solo se hace ofreciendo los mejores servicios públicos, dotaciones e infraestructuras. No menos inquietud le generó a la derecha que se avanzase en la progresividad de impuestos y tasas y que se redujesen precios públicos de muchos servicios, desde el acceso a las instalaciones deportivas a las escuelas infantiles. También caminar hacia una contratación municipal responsable con la inclusión de cláusulas sociales que además garantizaba la calidad de los servicios públicos, evitaba malas prácticas y aseguraba buenas condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, alarmó a un Partido Popular que si, por algo se había caracterizado, es precisamente, por lo contrario.
Para completar el puzzle que explicaba la hostilidad manifiesta del Partido Popular y de Cristóbal Montoro, basta señalar la puesta en marcha del proceso de auditoría de la deuda y las políticas públicas para estudiar las malas prácticas que habían generado impactos negativos tan importantes como lo ocurrido en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo o Madrid Calle 30 y tomar medidas que impidan su repetición en el futuro, era demasiado para los protagonistas del expolio de las arcas públicas. Por eso, independientemente de la evolución extraordinariamente positiva de las cuentas públicas de la ciudad de Madrid, el Ministerio de Hacienda actuó para sabotear e impedir que un ayuntamiento que impulsaba políticas transformadoras dejase en evidencia que sí había alternativa a los recortes de servicios y políticas públicas. Y, además, siendo capaz de combinarlo con el crecimiento en inversión y gasto social, elevados superávit, disminución de deuda y reducción del plazo de pago a proveedores.
Los autores de 919 días ¡Sí se podía!, explicamos en este libro publicado por Akal cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente. No sólo reduciendo la deuda pública y saneando las cuentas, sino, sobre todo, el haberlo hecho compatible con un gran incremento del gasto y la inversión social, para lo que básicamente se apoyó en tres pilares: la detección y corrección de las irregularidades que se llevaron a cabo durante los años de gobierno del Partido Popular, una reforma del sistema tributario para lograr que las grandes empresas y patrimonios pagaran proporcionalmente más y la mayoría social pagara menos, y la recuperación o reorientación de la gestión de algunos servicios públicos.
Y claro, Montoro tenía que abortar algo tan en las antípodas de su posición y para ello usó toda la fuerza de la que disponía. Os puedo asegurar que no solo la legal.
Ya es historia. Historia negra de este país.
Carlos Sánchez Mato es profesor de Economía Aplicada, Pública y Política. Universidad Complutense de Madrid. Delegado de Economía y Hacienda Ayuntamiento de Madrid 2015-2017. Coautor del libro 919 días ¡Sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente