Hace más de cinco años, Arantxa Tirado escribió el libro El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley. Entonces tuvimos que explicar qué era eso de lawfare, un término desconocido para la mayoría de la población en España. Tirado explicaba que se trataba del uso de los tribunales para acabar con un adversario político, conceptualizado como un enemigo al que neutralizar o abatir, usando la lucha contra la corrupción como excusa.
También advertía que el lawfare, aunque estaba siendo usado en América Latina para poner fin a una serie de liderazgos de izquierda, suponía un toque de atención a las implicaciones que podía tener para las democracias liberales del mundo.
Decía Tirado: “en el Estado español deberíamos empezar a preocuparnos por estos temas, no sólo porque debiera afectarnos cualquier injusticia que suceda en cualquier parte del planeta, sino porque, además, cuando permitimos que esas injusticias y prácticas se den en otras sociedades, contra otros liderazgos y pueblos, corremos el riesgo de que en algún momento se vuelvan hacia nosotros como un efecto bumerán”.
Y añadía: “es necesario, por tanto, estar alerta ante la creciente judicialización de la política a la que asistimos en el Estado español, que, por supuesto, es inextricable de la politización de la justicia que hemos documentado a lo largo del libro”. Lo volvió a recordar en una columna en este blog en abril de 2024.
En noviembre de 2025, con motivo de la sentencia contra el Fiscal General del Estado, Arantxa Tirado escribió también aquí: “A pesar de todas las evidencias, en el Estado español se sigue negando la existencia del lawfare porque admitirla supondría reconocer que la imagen que nos han transmitido sobre la imparcialidad e independencia del poder judicial no es tal.”
Pues bien, he detallado estos antecedentes para mostrar que el tiempo le ha dado la razón. El tiempo, y la población española.
Un informe estadístico elaborado por la empresa 40dB. para la SER y el diario El País entre el 26 y el 29 de junio, muestra cómo la idea del ‘lawfare’ o guerra judicial ya es percibida mayoritariamente entre la ciudadanía española, independientemente de su ubicación ideológica. Aquel término desconocido para casi todos, ahora la mayoría considera que se está aplicando en nuestro país.
El 65,4% de los encuestados aseguran que existe un uso de los procedimientos judiciales con fines políticos.
Son más -un 28%- los que piensan que ese ‘lawfare’ se ejerce principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas. Para el 22,6% esa práctica se usa por igual desde todos los ámbitos políticos y son menos, no llegan al 15%, quienes creen que se ejercer contra la oposición y los partidos de derecha. Apenas un 10,8% asegura que el ‘lawfare’ no existe.
La izquierda percibe que el ‘lawfare’ se ejerce principalmente contra el Gobierno. Los electores de PP creen que se usa por igual y los de VOX se ven como víctimas de esa guerra judicial. El electorado progresista cree además que las investigaciones que afectan a políticos afines a su ideología -Zapatero, Begoña Gómez o David Sánchez- están motivadas por razones políticas y partidistas.
Quizá sea ahora un buen momento de releer el libro de Arantxa Tirado, ver cómo empezó el lawfare y hasta dónde llegó en América Latina para, una vez más, prever hacia dónde podemos estar yendo en España.