Arantxa Tirado

La carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez del pasado 24 de abril en la que anunciaba la posibilidad de no continuar al frente del Gobierno español ante las imputaciones de una organización de la ultraderecha a su esposa, Begoña Gómez, ha tomado a todo el mundo por sorpresa. La incertidumbre y el silencio autoimpuesto del presidente Sánchez, quien se ha propuesto reflexionar sobre su futuro político y comunicar el lunes 29 de abril su decisión final, contrasta con la proliferación de opiniones e interpretaciones sobre las intenciones del presidente y los motivos de este gesto inaudito en la historia política española.

Más allá de lo que pueda haber de cálculo político o de auténtico hartazgo personal detrás de los motivos de Pedro Sánchez, su gesto está sirviendo para que en España se empiece a reflexionar sobre algo que parecía muy lejano, a pesar de que sus efectos ya habían tocado a nuestro vecino en la península ibérica. La posibilidad de que un presidente del Gobierno dimita, como Antonio Costa, por una acusación de corrupción directa, o a su entorno, aunque no esté probada y aunque las acusaciones carezcan de sustento real, se vuelve ahora un escenario plausible también en España. Este uso de los tribunales para acabar con un adversario político, conceptualizado como un enemigo al que neutralizar o abatir, usando la lucha contra la corrupción como excusa, está detrás del fenómeno del lawfare o guerra judicial que abordamos en nuestro libro El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley. Un fenómeno de desestabilización política que ha tenido en América Latina su laboratorio de pruebas fundamental, como demuestran los casos emblemáticos de Lula da Silva, Cristina Fernández o Rafael Correa.

El libro, planeado desde el año 2018 y publicado finalmente en 2021, denunciaba cómo la táctica del lawfare, un término que proviene del ámbito militar y cuya conceptualización no puede disociarse de su origen, estaba siendo usada en América Latina para poner fin a una serie de liderazgos de izquierda que habían trastocado la correlación de fuerzas regional, algo que no era ni es del agrado de la potencia hegemónica, EEUU. Pero también alertaba de las implicaciones que tenía para las democracias liberales del mundo mirar hacia otro lado ante esta ofensiva de los tradicionales poderes fácticos, dispuestos ahora a innovar en sus modalidades de cambio de régimen yendo más allá de los golpes de Estado clásicos que tanto habían caracterizado al continente latinoamericano en el siglo XX, y también a España, por cierto.

Con este propósito incluimos algunas alertas en la parte final de libro, para trasladar la reflexión sobre la posibilidad de que este fenómeno, que se podía interpretar como propio de democracias institucionalmente débiles, de países periféricos en el sistema internacional e insertos inevitablemente en el área de influencia geoestratégica de la potencia hegemónica, traspasara las fronteras y deviniera en una praxis global de quienes, a lado y lado del océano, no respetan en la práctica la soberanía popular. Así, escribíamos: “Aunque suene a debates quizás lejanos en algunos aspectos, en el Estado español deberíamos empezar a preocuparnos por estos temas, no sólo porque debiera afectarnos cualquier injusticia que suceda en cualquier parte del planeta, sino porque, además, cuando permitimos que esas injusticias y prácticas se den en otras sociedades, contra otros liderazgos y pueblos, corremos el riesgo de que en algún momento se vuelvan hacia nosotros como un efecto bumerán. Un bumerán que probablemente no lanzamos nosotros pero que hemos dejado que otros lancen, bien sea porque se lo hemos permitido con nuestra ignorancia, o bien por nuestra connivencia activa o pasiva”. Y añadíamos escuetamente: “Es necesario, por tanto, estar alerta ante la creciente judicialización de la política a la que asistimos en el Estado español, que, por supuesto, es inextricable de la politización de la justicia que hemos documentado a lo largo del libro”.

En estos años, y antes de que el lawfare afectara al presidente del Gobierno español como una suerte de efecto bumerán, se ha dado un uso extensivo de esta práctica que ha servido para dar a conocer un término que, queremos insistir en ello, habla de actuaciones que son distintas a la mera judicialización de la política o a la tradicional represión estatal a la disidencia política. El lawfare es un -ya no tan nuevo- fenómeno que opera con la eficacia del diseño bélico que tiene detrás. En el Estado español se ha usado para sacar del tablero de juego político a actores que, por distintos motivos, eran incómodos, para el statu quo: desde los líderes del independentismo catalán pasando por miembros de Podemos o de otros partidos de la izquierda estatal, víctimas todos ellos de la fabricación de causas sin sustento en una ofensiva jurídica impulsada a veces desde el Estado (profundo o no), con la ayuda de los medios de comunicación y jueces prevaricadores. Por supuesto, la ultraderecha, y sus vínculos -cuando no presencia directa- con el Estado y los poderes económicos y mediáticos que siguen moviendo hilos en este régimen del 78, también ha tenido su papel protagonista. Pero el lawfare no es una herramienta en exclusiva de la derecha y la ultraderecha, aunque en el caso de Pedro Sánchez sea muy evidente su protagonismo en el pulso al presidente del Gobierno. La gravedad del lawfare radica, más bien, en el uso de mecanismos presentes en la legalidad e institucionalidad del propio sistema para impedir la transformación del sistema, por nimia que esta pudiera parecer, combinados con prácticas irregulares que son legitimadas por el poder mediático.

En todo caso, el lawfare no es infalible, como demuestra el caso de Lula da Silva en Brasil. Puede ser revertido y su uso reiterado propicia que se permita desnudar en el debate público su modus operandi. Esto quizás no sirva para acabar con las estructuras de poder sobre las que se sustenta la reproducción de la dominación actual bajo apariencias democráticas, pero sí nos ayudará a tomar conciencia colectiva acerca de las maniobras de quienes quieren acabar también con los estrechos márgenes de decisión soberana. Todo ello depende de nosotras y nosotros, de cómo nos formemos, informemos y organicemos para parar este fenómeno y exigir que la democracia sea mucho más que una institucionalidad que puede ser instrumentalizada por quien tiene más poder o un mero proceso electoral cada cierto tiempo, hueco de contenido democrático real. Espero que la lectura de El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley ayude a aprender, también en este sentido, de las experiencias de América Latina.