Ha pasado bastante desapercibido en los medios la denuncia de un consorcio internacional de abogados ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI) contra un centenar de líderes europeos por “crímenes contra la humanidad” por su implicación en las políticas migratorias de la UE. En concreto, por su responsabilidad en las muertes de migrantes en el Mediterráneo Central en su ruta hacia Europa desde Libia y por las torturas y otras violaciones de sus derechos que sufrieron en centros de detención de este país africano.
El caso es que entre los denunciados se encuentran la excanciller alemana Angela Merkel; el exministro del Interior de Italia Matteo Salvini; el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Y entre los españoles, el exministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo, el expresidente Mariano Rajoy y el exministro de Exteriores del Partido Popular, José Manuel García-Margallo.
Tras seis años de investigación, los abogados denunciantes han preparado un informe en el que examinan el periodo 2014-2020 y descubren el aparato interno de poder que diseño e puso en marcha unas políticas comunitarias que provocaron unas muertes en el Mediterráneo Central, que según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) superan las 30.000 desde el año 2014.
También consideran a los políticos europeos responsables en el “secuestro” y “traslado a la fuerza” a Libia de otros 150.000 supervivientes de los naufragios, que en el país africano fueron sometidos a prisión, tortura, violación y esclavitud en centros de detención que eran en la práctica auténticos “campos de concentración”.
Todo ello ya lo denunciaba en 2014 Susana Hidalgo en su libro El último holocausto europeo.
Allí destapaba que en los años anteriores más de 16.000 personas habían muerto en el Mediterráneo cuando intentaban alcanzar Europa. El paso del tiempo no solo frenó ese holocausto, sino que lo fue aumentando hasta la cifras que ahora se presentan ante el Tribunal Penal Internacional.
Hidalgo repasa el discurso xenófobo que hay detrás de las políticas antiemigratorias, el negocio de los campos de detención, la crueldad de las patrullas fronterizas europeos que los persiguen e interceptan en el Mediterráneo y la externalización de las fronteras para evitar que la inmigración salpique lo menos posible a la UE y que se ocupen de frenar a los emigrantes los policías de Libia, Argelia, Marruecos, Ucrania o Turquía.
Para documentar todo ello, la autora entrevista a los emigrantes, a responsables de organizaciones y a juristas especializados.
El tiempo y esta denuncia internacional muestran la siempre actual y la razón de investigaciones y libros como el de Susana Hidalgo.