Francisco López Martín
A la hora de evaluar el estado de la cuestión en lo que respecta a la existencia, la pervivencia o el incremento de la homofobia, conviene ser cautos. En primer lugar, hay que fijarse en algunos datos. Por la parte más negativa, hay que saber que en más de 75 Estados de todo el mundo los actos homosexuales están aún castigados por la ley, en algunos casos con la pena de muerte, sin que haya ninguna perspectiva de que ese número vaya a disminuir en los próximos decenios. Por la parte más positiva, hay que señalar que, en la actualidad, más de diez Estados permiten tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo como la adopción conjunta. Asimismo, en lo que respecta a las personas transexuales, hay dieciocho países con legislaciones específicas en materia de reconocimiento de género tras el correspondiente tratamiento médico de reasignación de sexo.
A la luz de estos someros datos, vemos ya que, sólo en términos numéricos, estamos desgraciadamente muy lejos de poder decir que la homofobia y la transfobia sean problemas superados en todo el mundo. Que en algunos países, casi todos ellos occidentales y entre los que afortunadamente se cuenta España, se hayan dado en los últimos diez o quince años pasos importantes en el reconocimiento de muchos derechos, y que haya la perspectiva razonable de que otros países empiecen a recorrer en breve el mismo camino, no significa que la batalla esté ganada. El tabú, desgraciadamente, permanece: baste pensar que en muchos países del primer mundo existe la prohibición de que los hombres que han mantenido contactos sexuales con otros hombres –independientemente de su orientación sexual, la frecuencia o la antigüedad de esos contactos– sean donantes de sangre.
No obstante, incluso si nos fijamos en los países que cuentan con una legislación más avanzada, veremos que bajo la aparente capa de la normalización se oculta aún una masa rocosa de desconocimiento, miedo y dolor. Hace unos días, la prensa recogía el estudio presentado a principios de septiembre de 2012 por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) sobre el acoso escolar homofóbico y el riesgo de suicidio en jóvenes y adolescentes homosexuales o transexuales que estudian en las escuelas españolas. Los datos y los casos son de una obscenidad insoportable.
Pero, si es evidente que en el plano social queda aún muchísimo camino por recorrer, tampoco podemos olvidarnos de que, a estas alturas, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el recurso presentado por el Partido Popular contra la llamada “ley de matrimonios homosexuales”. Conviene ser cautos sobre el sentido y las consecuencias de esa decisión. Está por ver –aun cuando el Tribunal Constitucional se pronunciara a favor de la ley– si la oposición al «matrimonio homosexual» por parte del PP es realmente una mera cuestión semántica, como afirman muchos de sus dirigentes –decididos a eliminar de la legislación la palabra “matrimonio” sólo para sustituirla por alguna fórmula a su juicio más afortunada– o si la introducción de alguna modificación terminológica no entrañaría la pérdida del derecho a la adopción por parte de los dos cónyug
es, aspiración evidente de los sectores más radicales del partido y de la jerarquía católica. En este último caso, el retroceso jurídico, lógico y humano sería evidente: se crearía una situación absurda, en la que una persona homosexual sólo podría adoptar siendo soltera, y dramática, pues en las familias formadas por una pareja homosexual estable la muerte del único de los dos miembros reconocido por la ley como progenitor privaría al que quedara con vida de cualquier derecho sobre el menor.
No parece que ese camino sea el más adecuado, precisamente, para defender ni a los niños ni a las familias, motivo último aducido a menudo para mantener todo tipo de cruzadas contra el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción conjunta, como tampoco parece lógico que —a tenor de informes como el de la FELGTB o de un estudio realizado en 2010 por el Ministerio de Sanidad en el que un 15 por 100 de los encuestados pensaba que la homosexualidad es “una enfermedad” y un 23 por 100 de varones estaba “poco o nada de acuerdo” con que la homosexualidad fuera “respetable”— una de las primeras medidas del gobierno del PP fuese la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía y su sustitución por otra “libre de cuestiones controvertidas”, en palabras del ministro de Educación. Habrá que estar, por tanto, más vigilantes que nunca y continuar, tanto individual como colectivamente, con el tipo de iniciativas que ha llevado a conseguir avances importantes. Porque, para quienes pensamos que “cuestiones controvertidas” como ésta son, en realidad, cuestiones básicas de humanidad, nos queda mucho, muchísimo camino de lucha por delante.
El próximo 2 de octubre se presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el Diccionario Akal de la homofobia, dirigido por Louis-George Tin, en un acto en el que participarán Fernando Grande Marlaska y Boti García Rodrigo.