Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley

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Enrique Santiago Romero | El lawfare | Prólogo

El término lawfare se ha popularizado en los últimos años, muy a pesar de los defensores de la democracia y de los procesos de cambios sociales y políticos que mejoran este mundo y que pretenden expandir los derechos fundamentales para su disfrute por todos los pueblos.

Se trata de una forma de agresión político-jurídica que sin duda podríamos calificar como un componente más de la guerra híbrida o asimétrica que los Estados Unidos y sus aliados políticos y económicos llevan a cabo en defensa de su hegemonía imperial. La cada vez más perfeccionada «guerra jurídica» se despliega esencialmente a través del uso ilegítimo del derecho interno de cada país o del derecho internacional. La intención es dañar a quien previamente se ha identificado como oponente o líder político perjudicial para los intereses del en- tramado corporativo que, de facto, gobierna las instituciones estadounidenses y que desde esa posición determina la política y decisiones económicas de la potencia mundial imperial y sus aliados.

La guerra jurídica asimétrica o lawfare no es estrictamente una nueva fase en la estrategia de desestabilización y derribo de los procesos políticos progresistas. Más bien es una nueva forma de exteriorizarse que fue naciendo conforme se constataba la poca eficacia a largo plazo de la traumática intervención militar directa, por su alto coste en vidas y por la infracción de derechos frente a la comunidad internacional.

El Informe del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11S y sus consecuencias, del año 2010, describe el lawfare como la herramienta que persigue la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes o inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos.

Sin duda, esta «guerra jurídica asimétrica» es una nueva forma de injerencia e intervención que se ha incorporado plenamente a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esta nueva forma de guerra implica una permanente y exponencial judicialización de la política; estrategia que se pretende legitimar ante la sociedad mediante la apelación al consenso sobre la «corrupción». Necesariamente ha de señalarse como corrupto al líder político que se pretende convertir en objeto del lawfare. De esta forma se comenzó atacando a los Gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierdas de América Latina que se oponían a los ajustes neoliberales dictados por el FMI,  afirmando que los «populismos de izquierda» presentan un problema de corrupción estructural, ocultando que precisamente es al revés: la corrupción es estructural al neoliberalismo y a las políticas de ajuste y austeridad, mientras que constituye la excepción en el comportamiento de los líderes sociales a los que no interesan los inmensos privilegios a los que accederían para sí mismos si aceptaran las imposiciones de los poderes económicos y políticos hegemónicos. Todos los líderes políticos objeto del lawfare tienen en común que nunca han perseguido su enriquecimiento personal, sino que han antepuesto a los intereses personales el acabar con la pobreza entre las mayorías sociales y mejorar la calidad de vida de sus pueblos. Y contra todos ellos, contra los y las que han puesto en marcha, con éxito o, al menos, intentándolo, alternativas a las políticas neoliberales, se ha utilizado el lawfare, con mayor o menor profusión, especialmente desde el inicio del siglo XXI.

Por ello decimos que esta «guerra jurídica asimétrica» ha supuesto una actualización de las herramientas de la antigua Doctrina de la Seguridad Nacional, que ahora, actualizada, ya no se manifiesta prioritariamente mediante la guerra contrainsurgente vía militar. Es desde las escuelas jurídicas desde donde los EEUU expanden su estrategia para acabar con los Gobiernos de izquierdas, mediante la anulación política de los líderes que pretenden adoptar medidas que garanticen la soberanía de sus países sobre sus recursos y defiendan procesos de integración política y económica contrarios a los intereses del capital internacional.

El lawfare se muestra ahora con toda intensidad, pero su planificación comenzó hace años mientras la izquierda en América Latina cosechaba victorias electorales en cadena que ponían en marcha procesos democráticos y participativos con amplio respaldo popular.

El final de la Guerra Fría permitió la puesta en marcha de procesos judiciales ante distintas jurisdicciones –tanto nacionales como internacionales, en ejercicio de la jurisdicción universal o de las competencias propias de tribunales internacionales– que abrieron una vía para examinar responsabilidades por crímenes contra la humanidad derivados de violaciones masivas de los derechos humanos.

Tras un primer momento de expansión de estos procesos, la respuesta de las democracias occidentales fue limitar mediante reformas legales esta posibilidad, frenando así la lucha contra la impunidad. Simultáneamente, se incrementó la utilización de la guerra jurídica, diseñando nuevas fórmulas más eficaces de intervención jurídica para mantener el control sobre cualquier país por medios de apariencia más democrática. El uso del poder judicial y la formación de los operadores jurídicos en escuelas de enseñanza y mediante programas de estudio adaptados al fin propuesto también se convierten en herramientas para derrocar Gobiernos legítimos. El objetivo será desprestigiar a las fuerzas políticas que se consideran hostiles y destruir políticamente a los líderes que las encabezan.

Desde principios del siglo XXI, ha ido creciendo la inversión de los EEUU en programas de asistencia y fidelización de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. La generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo USAID ha ido incluso modificando la orientación de sistemas jurídicos; de preponderancia de la ley escrita hacia un sistema de precedente judicial más similar al common law estadounidense. De esta forma, se otorga mayor margen de actuación a los jueces, funcionarios no elegidos democráticamente y no sometidos a evaluación popular para mantenerse en el desempeño de sus funciones. Las nuevas herramientas jurídicas, que estos programas y políticas de adaptación del poder judicial han puesto a su alcance, permiten que, incluso mediante procesos de revisión constitucional, puedan llegar a dar una nueva redacción a las normas, actuando como una segunda y definitiva cámara legislativa no elegida en proceso electoral alguno. La tendencia a incorporar en América Latina sistemas penales acusatorios similares al imperante en los Estados Unidos ha provocado a su vez un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e indictments remitidos por la justicia estadounidense.

Tal como se describe en esta obra, la expansión del lawfare comenzó a alcanzar sus objetivos cuando Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Rafael Correa o Evo Morales fueron apartados del poder político, en mayor o menor medida, mediante la utilización de esta estrategia jurídica de inmovilización o anulación política.

El poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los continentes con más corrupción institucional –en muchos casos se benefició de ella– acabó convirtiéndose en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales.

Esta abierta injerencia del poder judicial en los asuntos políticos –la expresa judicialización de la política– supone la anulación de la independencia judicial, lo que a su vez implica la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de derecho. El lawfare se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo, no sólo en América Latina.

En España, desde el desalojo de la derecha del Gobierno y la constitución del primer Gobierno de coalición de la izquierda desde la Segunda República, también asistimos perplejos a un llamativo incremento de la intervención del poder judicial en la vida política, obviando la neutralidad a la que la justicia está obligada en un Estado de derecho. La misma neutralidad que sin embargo esgrimen los jueces como argumento para evitar que se produzcan críticas sobre sus decisiones, como si acaso existiera en democracia algún poder del Estado al que estuviera vedado hacerle críticas.

De auténtica insubordinación constitucional puede calificarse la connivencia de la derecha judicial y política para incumplir con los mecanismos constitucionales imperativos de renovación de los órganos de gobierno del poder judicial en España, acompañado de una pléyade de actuaciones judiciales que objetivamente desestabilizan el escenario institucional. Desde la constitución del Gobierno de coalición, también asistimos a un proceso de judicialización arbitraria de fuerzas y líderes políticos; en concreto de Unidas Podemos, una fuerza nacida del cuestionamiento popular de las políticas neoliberales que provocaron dolorosas consecuencias sociales.

El abandono por el poder judicial de la función originaria de impartir justicia para así convertirse en herramienta al servicio de los sectores políticos conservadores es una característica de la guerra jurídica asimétrica explicada en este libro. El lawfare sustituye los golpes de Estado o pronunciamientos armados utilizados antaño para acabar con los Gobiernos democráticos que no actúan al dictado de las oligarquías.

Desde su nacimiento, primero Podemos y ahora Unidas Podemos han tenido que emplearse a fondo en defenderse del lawfare puesto en marcha. A pesar de que la guerra jurídica ha sido utilizada intensamente contra esta formación política, hasta ahora todas las investigaciones judiciales, al menos 15, han quedado en nada.

Desde el año 2015 hasta hoy, sucesivos procedimientos judiciales, tanto contra el partido como contra sus principales dirigentes, por presuntos delitos de desobediencia, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal, apropiación indebida, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, delito electoral o falseamiento de contabilidad han sido archivados por distintos juzgados y tribunales competentes, incluido el Tribunal Supremo. No han faltado acusaciones sobre supuesta financiación ilegal con dinero procedente de Gobiernos progresistas de América Latina, utilizándose abiertamente a unidades de policía judicial para construir falsas pruebas difundidas hasta el paroxismo por distintos medios de comunicación, como fue el caso del denominado informe PISA.

A pesar de no haberse pronunciado sentencia alguna de culpabilidad, conforme a la estrategia de desprestigio político propio del lawfare, todas estas acusaciones han provocado que en el imaginario social se comience a identificar a esta fuerza política emergente con supuestos de corrupción. Cinco años después, las denuncias no han surtido efecto penal, pero han obligado a dedicar tiempo y esfuerzos a la defensa jurídica que han sido detraídos del trabajo político y social. Muy probablemente, esta permanente estrategia de desprestigio político ha tenido un impacto importante en el descenso del apoyo electoral de Unidas Podemos en los últimos procesos electorales, pues no olvidemos que este es uno de los objetivos prioritarios del lawfare: el debilitamiento político y electoral de la formación política contra la que se combate.

El guión del lawfare se viene repitiendo milimétricamente en España tras haber sido utilizado de forma generalizada en América Latina. Probablemente se incrementará en la medida en que el Gobierno de coalición adopte medidas perjudiciales para los intereses de las oligarquías que nos gobiernan de larga data. El argumentario sobre las supuestas ilegalidades cometidas por Unidas Podemos y la falta de ética de sus dirigentes se repetirá incesantemente para intentar acabar con el Gobierno o al menos expulsar de este a la fuerza política alternativa.

La lectura de esta obra nos acerca a estas realidades desde una visión amplia y general. Nos hace llegar a la conclusión de que los poderes judiciales deben optar entre mantenerse al margen de la confrontación política o asumir una grave crisis de legitimidad y, previsiblemente, enfrentarse a un creciente desafecto popular.

Como bien nos explica la profesora Tirado en su obra, sin duda el lawfare desnuda el carácter de clase de la ley hoy imperante y, en especial, de la justicia encargada de impartirla.

El texto esta entrada es el prólogo del libro El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley


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