José Carlos Bermejo Barrera

Llamó la atención en su momento que el altivo y desmesurado ministro Wert, que tiene la virtud de saber lo que quiere y decir lo que piensa, aunque se hundan el mundo y las encuestas de opinión, decidiese consultar a un grupo de sabios por él designados qué se podría hacer con las universidades, sobre todo si lo que dijesen coincidiera con lo que pensaba. Así lo han hecho los expertos, competentes en sus campos pero no en el derecho, excepto en los casos de Óscar Alzaga y Mariola Urrea, que han formulado un voto particular, advirtiendo del peligro de lo que se propone y de la necesidad de llevar a cabo muy importantes reformas en muchos aspectos del derecho público, entrando en dos campos, como el de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, susceptibles de amparo constitucional. Matices todos estos que, como sugieren los autores del voto particular (p. 5), sus compañeros no saben o no quieren entender.

Podríamos resumir los resultados del informe en tres apartados: a) el modelo de gobierno autoritario, b) la crítica a gravísimos errores en la implantación del proceso de Bolonia, y c) la confirmación global del sistema paralegal en el que se mueven las universidades, cuyas anomalías los dos juristas sí comprenden. Y llama la atención en el informe la existencia de dos tipos de textos: a) los que dan opiniones, a veces muy fundadas, de sus miembros, y b) el texto articulado casi como borrador de un proyecto de ley sobre el gobierno universitario, en el que Wert sí está oyendo lo que ya sabe y quiere que le confirmen.

Denuncia el informe en su apartado 5 que todos los títulos de ingenierías, el de arquitecto y el de derecho se han implantado erróneamente al convertirlos en grados, y propone volver a carreras de 5 o 6 años en esos títulos, como en el caso de medicina, en el que el sentido común y las presiones del Ministerio de Sanidad ya habían conseguido que el nuevo título tuviese nivel de grado y máster y otorgase competencia profesional, lo que tendría que haberse hecho en todos los casos citados. Del mismo modo se propone volver a reducir a 3 años magisterio y todas las antiguas diplomaturas, dejando sólo los anómalos grados de 4 años en algunos títulos. Todo esto quiere decir que el mismo año en que salen nuevos graduados se considera que sus planes de estudio estuvieron mal diseñados y que deben ser reformados inmediatamente. Es decir, se ha cometido un atropello exigiendo el máster de la abogacía a los licenciados en derecho y el máster docente a miles de licenciados que por ley están exentos de él. No es una broma, todo esto es gravísimo y deberían rodar metafóricamente las cabezas de quienes fueron responsables de ello, de quienes diseñaron una plantilla de 69 competencias universales válidas para fabricar cualquier carrera, sin considerar ni su contenido ni el sentido común.

Pero esto es una discreta recomendación. Los sabios, excepto los dos juristas, proponen ya articulado un modelo autoritario de gobierno, con un rector nombrado por la Autonomía y con dos sueldos: el oficial y el que libremente le conceda la autoridad política, ¡con la que está cayendo en este tema! Un rector con poder unipersonal amplísimo que nombra decanos, controla el nuevo órgano de gobierno, la mitad de cuyos miembros ni pertenecen a la universidad, que se queda con un claustro consultivo y puede contratar un cuerpo de profesores indefinidos que convivirán con los funcionarios a la vez que contemplan su extinción. Un rector que busca patrones externos de su universidad, en la que los órganos de gobierno serán tan reducidos (25 miembros o 60 para el claustro) que estudiantes y Pas se quedarán con una representación simbólica, y en la que todos los cargos y la pertenencia a esos órganos estarán condicionados por los sexenios de investigación: un patrón universal de medida del nivel de los profesores concedido por los evaluadores de un modo a veces poco claro, como indica el propio informe. Esto es lo que Wert, altivo y desmesurado, quiere, pero es lo mismo que Ángel Gabilondo –que antes que ministro fue fraile y que ama a la par a Rilke y a la Fundación Universia del Banco de Santander– y su equipo diseñaron en otro informe del 2011 sobre este tema, y lo mismo que propusieron en 2010 la Fundación Alternativas y el grupo parlamentario socialista, que además deseaban que todo se llevase a cabo sin la profunda reforma legal que Alzaga y Urrea demandan.

Ahora sólo nos queda esperar que en la pornografía política española que sustituye al debate –que pornografía es, porque sólo muestra lo más bajo para excitar las pasiones– el PSOE se convierta en defensor de la libertad intelectual y de la dignidad académica, desaparecida hace años, cuando sus evaluadores consiguieron imponer para todo y para todos las mismas varas de medir, a costa de amedrentar a profesores, Pas y alumnos y conceder a cuentagotas mínimos incentivos salariales, ahora restringidos por la crisis. Mientras tanto, Wert, altivo y desmesurado, está dispuesto a meter en cintura y recetar jarabe de palo a las ingobernables, disfuncionales y caóticas universidades públicas, poniéndolas firmes a base de recortes y de un autoritarismo académico del que serán protagonistas sus nuevos gobernantes, colaboradores necesarios en el viejo y nuevo sistemas.