Cecilia Salazar-Alonso.

Últimamente no cesamos de escuchar cómo términos propios del mundo de la empresa y los negocios se cuelan en el discurso sobre educación: “competencia”, “excelencia”, “premio al esfuerzo”, “evaluación de resultados”, “rentabilidad”, “ley de la oferta y la demanda”, etc.

Desde la administración educativa parecen empeñados en diseñar planes en los que se trata a los estudiantes como productos, a los padres como clientes y a las escuelas como empresas. Se trata de convertir a la escuela en una institución “económicamente útil” bien a través de la privatización de sus espacios y servicios o desviando fondos públicos hacia instituciones privadas, bien formando a los futuros trabajadores e incluso seleccionándolos a través del establecimiento de auténticos “guetos educativos”.

No vamos a profundizar aquí en el desvío de fondos de lo público a lo privado. Los datos de la Comunidad de Madrid, punta de lanza de la política educativa del actual gobierno, hablan por si solos. Que la ampliación de bachillerato a tres años tiene como finalidad la concertación generalizada del bachillerato, que la implementación del bachillerato de excelencia tiene como resultado la implantación de la zona única educativa, beneficiando así a las escuelas concertadas es conocido por todos. Vamos a centrarnos en esa otra forma de privatización que consiste en introducir la lógica del beneficio en el seno mismo de la escuela.

Veamos cómo se logra este objetivo analizando las propuestas del nuevo ministro de Educación.

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Cecilia Salazar-Alonso, profesora en Filosofía de Educación Secundaria y socia de Ciudadan@s por la Educación Pública. Miembro del Grupo Pandora, que se constituye en defensa de la presencia de la Filosofía en los planes de estudio frente al adoctrinamiento en valores con que se pretende “educar para la ciudadanía”.