Piratería. Las luchas por la propiedad intelectual de Gutenberg a Gates

Adrian Johns es profesor de historia y presidente del Comité de Estudios Conceptuales e Históricos de la Ciencia de la Universidad de Chicago. Es también autor de The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making y de Death of a Pirate: British Radio and the Making of the Information Age.
La India ha sido escenario de algunos enfoques notablemente innovadores en materia de medios de comunicación digitales, incluyendo algunos relacionados con supuestos actos de piratería. En el año 2010, Bollywood anunció que estaba decidido a empezar a «utilizar las tácticas piráticas para derrotar a los piratas». Y al objeto de conseguirlo estaba dispuesto a emplear a unos agentes, a los que daba el nombre de «cibersicarios», a fin de atacar de ese modo a cuantos portales electrónicos distribuyeran películas sin autorización, incluida la sede de Pirate Bay (…)

Si los defensores de los derechos de la propiedad intelectual optan por organizar un ataque de denegación de servicios, lo cierto es que eligen una estrategia muy problemática. Este tipo de acciones conllevan la paralización de los recursos informáticos de la sede electrónica escogida como blanco, enviándole para ello, a enorme velocidad, millones de solicitudes de respuesta.

Aunque no es exactamente lo mismo que un Ataque distribuido de denegación de servicio (u ofensiva DDoS, según sus siglas inglesas: Distributed Denial of Service) –el arma predilecta, al menos hace algún tiempo, de algunos grupos de piratas informáticos como el de Anonymous–, lo cierto es que ambos enfoques no solo son bastante similares, sino que también han sido declarados ilegales en varios países, dado que dañan las redes informáticas. Desde luego se trata de una táctica lo suficientemente polémica como para que algunas organizaciones dedicadas a fomentar el cumplimiento de las leyes que amparan los derechos de la propiedad intelectual repudien su empleo. Con todo, lo peor de este tipo de ataques es que provocan respuestas de represalia (…)

En nuestros días podemos encontrar relatos parecidos a este en cualquiera de las ramas de la economía de la información global. Todos ellos plantean interrogantes legítimas, tanto acerca del papel que desempeña la piratería como sobre las implicaciones que tienen las políticas de protección de la propiedad intelectual. No solo no nos hallamos frente a ese combate entre absolutos morales claramente definidos que quieren pintarnos las dos partes en conflicto, sino que a un antropólogo extraterrestre recién llegado a la Tierra le resultaría ciertamente muy difícil distinguir a los buenos de los malos.

Incluso el sistema que un día fuera el elemento ofensivo predilecto de la organización Anonymous –el Cañón de Iones de Órbita Baja– es de hecho un arma originalmente concebida por la industria de la ciberseguridad al modo de una herramienta destinada a la comprobación de los sistemas defensivos de la red. Al apropiársela, Anonymous se estaría limitando a volver esa misma tecnología contra la propia industria de la seguridad cibernética.

La verdadera pregunta es la siguiente: ¿de dónde ha surgido esta realidad –y por qué el público se muestra tan indiferente hacia ella? Para responder a esta interrogante, no solo hemos de entender la historia de la propia piratería, sino la historia de la piratería y sus antagonistas. Hasta el momento, esa historia ha venido configurando las realidades más prosaicas de la información misma, ya que es capaz de determinar la forma en que todos nosotros podemos obtener, combinar y utilizar los recursos vinculados con la información, ya sean digitales o de otro tipo –y esto de manera cotidiana –. Esta es la razón de que la pregunta con la que finaliza mi obra sobre la piratería –la de «Quién vigila al vigilante»– conserve todavía su fundamental vigencia. Y la razón de la que hemos de preocuparnos no es la de que los defensores de los derechos de la propiedad intelectual estén forzosamente equivocados al creer que sus controvertidas prácticas resultan necesarias, del mismo modo que tampoco hemos de centrar nuestra inquietud en la convicción de que acaso estén librando una guerra contra el progreso. Antes al contrario, lo que debe preocuparnos es el hecho de que pudiera darse perfectamente el caso de que se hallaran en lo cierto.

Es posible que la única forma de proteger la información sea justamente aquella que nos obliga a aceptar componendas en otros puntos del complejo contrato social por el que se rige la tardomodernidad –y puede incluso que nos veamos forzados a asumir de facto dichas componendas–. La cuestión es averiguar el punto en el que hemos de fijar el límite. Deberíamos estar dispuestos a abordar ese dilema valorando lo que está en juego y por qué tienen que ser así las cosas. La esperanza de alcanzar a conciliar un día la propiedad intelectual con los principios de una sociedad justa podría depender de ello.