En la efeméride del cuarenta aniversario la pluralidad brilla por su ausencia dentro de los espacios y eventos organizados por altas instancias del Estado español. Que esto iba a ser así es algo que podía intuirse nada más conocerse la composición del Consejo Asesor de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución; una iniciativa conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado. Su composición (30 hombres y 9 mujeres) es monocorde, sin dar cabida en ella a voces académicas, sociales o políticas críticas, bien con el propio texto de 1978, bien con su posterior interpretación y desarrollo. Merece la pena echar un vistazo a su página web, donde se publicitan tanto los integrantes del Consejo como las actividades organizadas, para comprobar cómo todas ellas están presididas por la falta de pluralidad; algo contrario, por cierto, a uno de los valores superiores consagrados en el frontispicio del texto constitucional, en su art. 1.1, como es precisamente el «pluralismo político».
Como contrario a la memoria y respeto a las víctimas de la dictadura es el vídeo oficial de conmemoración. En él se puede observar a dos ancianos charlando amigablemente, mientras una voz en off nos relata que se trata de dos combatientes de la batalla del Ebro, uno en el «bando nacional» y otro en el «republicano», haciendo de su reencuentro el símbolo de la reconciliación, la libertad y la democracia. Indigna que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), como la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (PP), amparen este ejercicio de equidistancia propio de la época de la transición, incluso con expresiones («bando nacional») procedentes del propio franquismo más aguerrido y criminal. Una equidistancia entre republicanos y franquistas, los «dos bandos» fratricidas enfrentados, que no implica otra cosa que la retórica que el franquismo empezó a utilizar, a partir de principios de los 1960, cuando ya no podía ocultar su «gran matanza fundacional», para enmascarar el golpe de Estado contra la Segunda República y su represión de la disidencia política.
Tono similar tiene también la actividad desplegada por otro importante organismo del Estado, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. También aquí, consultar su web nos lleva a un mundo de eventos, publicaciones, homenajes y coloquios con olor a «vieja escuela» y diseñado con un claro propósito: el laudatorio de la Constitución de 1978, así como de los protagonistas del pacto de la transición y del consenso, los alabados «padres de la democracia», olvidando por supuesto todo lo que supuso en este proceso la movilización social en las calles, aulas y centros de trabajo
Son una constante –ya desde los primeros años de existencia del régimen nacido de la Constitución de 1978– el olvido y el menosprecio del papel que desempeñaron los movimientos sociales y ciudadanos en la denuncia y desmontaje de las estructuras franquistas. Sólo recientemente se ha comenzado a sacar a la luz y poner en valor esa lucha por la democracia que fue objeto de una brutal violencia por parte del Estado y de grupos ultraderechistas paraestatales, y que no terminó con la muerte de Franco, sino que se extendió hasta bien entrados los años ochenta del siglo pasado.
A este panorama hay que sumar que, durante los cuarenta años que han transcurrido desde la aprobación de la Constitución, las voces críticas con su filosofía y contenido no han tenido muchos espacios de difusión. La consideración como «modélica» de la transición a la democracia ha servido para tapar cualquier cuestionamiento del «exitoso» proceso, del texto constitucional resultante e, incluso, de los derroteros que ha tomado su interpretación y aplicación gracias a la acción de los poderes del Estado. Los juristas del régimen –que hasta hace poco eran legión– han cumplido aquí un decisivo papel legitimador de todo cuanto venía del poder. Desarrollos legislativos dudosamente constitucionales, ejercicios de la «razón de Estado» contrarios a derechos fundamentales, jurisprudencia restrictiva de libertades públicas, desmantelamiento del Estado social e, incluso, dos reformas constitucionales sin ratificación ciudadana (la segunda, en 2011, verdaderamente escandalosa en cuanto a su procedimiento y contenidos). Todos estos aspectos han pasado en silencio o, directamente, bajo la bendición de la cultura jurídica hegemónica en España.
Tan sólo algunas voces nos advertían a los juristas nacidos o crecidos ya bajo el imperio de la Constitución que no era oro todo lo que relucía y que la unánime alabanza del proceso de transición servía como manto de olvido al pasado republicano masacrado a sangre y fuego por la dictadura. Que en la transición había existido un «partido militar» que impuso unas líneas rojas que dejaron marcado para el futuro el terreno de juego institucional. Además, estas mismas voces también nos llamaban la atención sobre la mutación constitucional que se ha ido produciendo con el paso de los años. En efecto, con sus virtudes y defectos, la Constitución de 1978 diseñaba una serie de instituciones garantistas que la posterior acción de los poderes públicos ha venido a difuminar. Una es la Constitución que se aprobó en 1978 y otra bien distinta la que rige hoy, cuarenta años después.
Abordar de forma rigurosa y divulgativa esta visión crítica, tantas veces excluida del debate público, es el propósito de este libro. Para ello se parte de la siguiente hipótesis. En lo que tuvo de fruto y consecuencia de la presión ejercida por las clases populares y por la oposición a la dictadura, la Constitución de 1978 contuvo notables aspectos de apertura y encerró una dimensión promisoria que le hizo granjearse un importante respaldo social. Sin embargo, procedente asimismo no de una ruptura, sino de una reforma de la dictadura –y contando los sectores procedentes de la misma con gran capacidad de determinación de contenidos decisivos–, la Constitución arrancó asimismo con numerosos lastres y obstáculos que impiden desarrollos progresivos. La sensación es que, tras cuarenta años de vigencia, esos aspectos más gravosos se han consolidado, mientras los que significaron apertura se han cancelado o han mutado a peor. De ahí la necesidad de cambios a todos los niveles, incluido el constitucional.
Para corroborar esta hipótesis se han seleccionado los elementos que vertebran el texto constitucional en lo que a democracia, igualdad y derechos humanos se refiere. Son los que definen ese «constitucionalismo» que tanto se invoca y celebra hoy por quienes, precisamente, más se esfuerzan en dinamitar sus aspectos nucleares. Cada uno de ellos se corresponde con un capítulo, respondiendo el conjunto al señalado esquema metodológico: identificar, en primer término, las promesas y lastres iniciales de la Constitución de 1978 para, después, exponer los hitos que han ido cancelando y bloqueando los aspectos más progresivos, en favor de los más conservadores.
Es el recuerdo de las voces jurídicas que han mantenido la llama del riguroso espíritu crítico durante estas décadas el que impregna el diseño y contenido de este libro. Sin su trabajo la historia de estos cuarenta años de cultura jurídica constitucional en España hubiera quedado incompleta y, una vez más, silenciadas aquellas posiciones disidentes de las opiniones mayoritarias y cómplices con el poder. Sus ecos resuenan y sus nombres aparecen en las páginas de este libro. Sirva pues este de homenaje a su valentía y magisterio.
Fraude o esperanza: 40 años de la Constitución – Rafael Escudero, Sebastián Martín (coord.) – Akal
