Emiliano Fittipaldi:
Hace tiempo que estudio nuevos documentos confidenciales, escuchas telefónicas de la fiscalía italiana y de las fiscalías extranjeras, y los informes de comisiones internacionales. He conocido a sacerdotes y monseñores que me aseguran que, además de los delitos financieros, siguen cometiéndose otros tantos sexuales. Que los actos contra sextum de sacerdotes que incumplen el sexto mandamiento, «no fornicarás, no cometerás actos impuros», están a la orden del día. Que, si en las Sagradas Escrituras la doctrina contra los homosexuales no ha cambiado, un lobby gay controla contratos y carreras. Que obispos eméritos como el de Mesina por un lado predican y por otro son nombrados herederos universales en el testamento de sus amantes. Que los abusos de menores no se han erradicado, sino que en los tres primeros años de pontificado de Bergoglio han sido presentadas ante la Congregación para la Doctrina de la Fe 1.200 denuncias de abusos «verosímiles» a niños y niñas de medio mundo. Al parecer, no solamente no se ha castigado a los encubridores, sino que muchos de ellos han sido ascendidos. Que el cardenal George Pell, número tres del Vaticano, está siendo investigado por abusar de dos niños que lo denunciaron de adultos. Fotografías y documentos australianos demuestran que, antes de que Francisco lo llamara a Roma, había apoyado y acompañado a un tribunal a un sacerdote pederasta en serie, financiado a depredadores sexuales que han terminado en prisión, y remitido a una niña violada por un prelado una carta donde le decía que, o aceptaba 30.000 euros de indemnización y se callaba, o tendría que vérselas con la defensa «infatigable» de las acusaciones por parte de la Iglesia, aunque Pell sabía que eran ciertas. 30.000 euros. Pese a que el patrimonio financiero e inmobiliario de su vieja diócesis, según he descubierto, vale 1.300 millones de dólares.
Pell es uno de los cardenales del C9, el grupo exclusivo de purpurados que aconsejan al Santo Padre sobre la reforma de la gestión de la Iglesia universal. Además de Pell, Óscar Rodríguez Maradiaga es uno de los hombres más tenidos en cuenta por Bergoglio. Entre 2002 y 2003, acogió en una de sus diócesis al sacerdote fugitivo Enrique Vásquez, un prelado acusado de abusos sexuales por la policía de Costa Rica y perseguido sin éxito por la Interpol durante casi un lustro por medio continente americano. Junto a ellos, el cardenal Francisco Javier Errázuriz lleva años cruzándose de brazos ante las denuncias que le llegan de las víctimas de un maniaco, el padre Fernando Karadima, a quien ha prometido una gran fiesta cuando se jubile.
En los últimos meses han sido confirmados y favorecidos monseñores respetuosos con la omertà, que han protegido y ocultado lujuria y delitos. En España. En Lombardía. En Latinoamérica. En Sicilia. Otros, aunque parezca inverosímil, han recibido la gracia del Espíritu Santo: don Mauro Inzoli, poderoso sacerdote de Comunión y Liberación, ha recuperado la sotana pese a haber sido condenado a más de cuatro años por una fiscalía italiana, que le atribuyó un centenar de pecados capitales, «aun cuando la Santa Sede no se haya prodigado en aportarnos documentos». El Vaticano se ha negado a entregar documentación a la magistratura. El motivo: «Estoy bajo secreto pontificio». Como tantos otros miles de bandidos que usan hábito eclesiástico.
Pese a las comisiones ad hoc, las declaraciones severas del pontífice y la nueva normativa, todavía hoy la Santa Iglesia Romana (y la Conferencia Episcopal Italiana) no obliga a los obispos ni a los sacerdotes a denunciar ante las autoridades civiles a sacerdotes criminales y lujuriosos.
Emiliano Fittipaldi
Emiliano Fittipaldi (Nápoles, 1974), periodista, ha trabajado para «Corriere della Sera» e «Il Mattino»; en la actualidad desarrolla su labor profesional en «L’Espresso». Sus investigaciones han sido merecedoras de los premios Ischia, Gaspare Barbiellini Amidei y Sodalitas. Es autor de los libros «Così ci uccidono» (2010) y «Profondo Italia» (2004, con Dario Di Vico).
Tras la publicación de «Avaricia» en 2015, fue acusado por la Santa Sede de haber divulgado secretos de Estado, por lo que se le procesó en el Vaticano; fue absuelto el 7 de julio de 2016 por «defecto de jurisdicción».