Trump IRS

Estados Unidos y la normalización del privilegio presidencial

Javier Cavanilles

Increíble, aunque cada vez menos. El país que nació para que todos fueran iguales ante la ley continúa su caída en picado hacia una república bananera. Trump ha conseguido que el IRS (el equivalente a nuestro Ministerio de Hacienda) prohíba investigar las conductas pasadas no solo del presidente, sino también de toda su familia (Jared Kushner, marido de su hija, administra su fortuna). La polémica viene de lejos: en 2020, The New York Times y ProPublica denunciaron que, en 2016 y 2017, el multimillonario solo había pagado 750 dólares en impuestos y ni un centavo en 11 de los 18 años que revisaron.

Así, los Trump denunciaron al IRS por la filtración y solicitaban una indemnización de 10.000 millones de dólares. Gracias al acuerdo, no habrá compensación económica. Pero el pacto refleja perfectamente el modus operandi de Trump. El acuerdo cuenta con el aval del Departamento de Justicia, a través del Fiscal General Todd Blanche (su exabogado personal) y del responsable del IRS, Frank J. Bisignano, donante de su campaña. Es el enésimo ejemplo de cómo Trump ha convertido su gobierno en una caja registradora y cómo puede actuar con total impunidad.

La noticia pone sobre la mesa dos de las características de la actual administración americana, las cuales ya desarrollamos en el libro El Golpe. El fin de la democracia en EEUU.

Por un lado, la primacía del Ejecutivo sobre los demás poderes —el legislativo y el judicial—, una situación que cuenta con el apoyo incondicional del tercero, el judicial. En definitiva, que el IRS no pueda investigar a los Trump no es más que una extensión de la sentencia de 2024 del Tribunal Supremo (Trump v. United States) que dejó negro sobre blanco que un presidente goza de inmunidad absoluta por los actos oficiales realizados durante su mandato. En este caso, la realidad va más allá e incluye a los privados. Por otro lado, es una consecuencia de la toma del poder prevista en el llamado Proyecto 2025, que establece que, a la hora de elegir a los candidatos para un cargo, hay que primar la fidelidad al inquilino de la Casa Blanca por encima de sus capacidades. Es la ‘Presidencia Imperial’ de la que advirtió el Center for American Progress puesta en práctica.

Pero se puede hilar más fino. Trump ha convertido su segundo mandato en una caja registradora: según Forbes—poco sospechosa de izquierdista— su fortuna alcanzó en marzo de este año los 6.500 millones de dólares, cuando en a finales de 2024, ‘solo’ era de 2.300 millones. Cualquier intento de fiscalizar si, como buen ciudadano, Trump ha cumplido con el fisco está llamado al fracaso. Además, con un Fiscal General que come de su mano, cualquier investigación sobre el verdadero origen de esta fortuna está condenado al fracaso. Hay que tener en cuenta que, desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente ha vendido desde Biblias made in China hasta relojes, pasando por móviles (que todavía no ha entregado), campos de golf en o criptomonedas.

Con todos sus defectos, la democracia americana nació para que nadie estuviera por encima de la ley. Trump no está por encima, le es algo totalmente ajeno. ¿Qué efecto tendrá esto en las elecciones parciales de noviembre? Probablemente ninguno.

Javier Cavanilles es autor de El Golpe. El fin de la democracia en EEUU

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